En Río de Janeiro, una redada policial contra el Comando Vermelho, la red criminal más poderosa de Brasil, terminó en tragedia: más de 120 personas murieron y cerca de un centenar fueron arrestadas.
Las fuerzas de seguridad presentaron el operativo como un éxito, pero los barrios del Complexo da Penha quedaron marcados por el miedo y la desconfianza.
“No es la primera vez que vemos sangre derramada por un ‘bien mayor’. Pero ese ‘bien’ nunca llega”, dice Thainã de Medeiros, que vivió 35 años en esas calles donde las balas silban más seguido que los pájaros.
Su frase resume la sensación de abandono que se respira en las favelas cariocas: los vecinos quedan atrapados entre el fuego policial y el control narco, sin saber quién protege realmente a quién.
Investigaciones del Ministerio Público de Río de Janeiro revelan que los líderes del Comando Vermelho siguen dando órdenes desde la cárcel. A pesar de estar aislados, los mensajes viajan por canales encriptados, abogados o visitantes.
“No existe el aislamiento absoluto”, explicó el fiscal Christino. “Los celulares siguen entrando. Siempre hay una manera”.
La operación, fruto de un año de investigación, buscaba frenar la expansión de la banda en nuevos territorios y recuperar el control estatal. Pero dejó una pregunta abierta que atraviesa fronteras:
¿cuántas veces el Estado promete seguridad y lo que deja es más sangre?